El estado es sexto lugar nacional en cuanto a indocumentados dentro de la fuerza laboral, y supera a Arizona en el total de inmigrantes sin documentos.
El Senador estatal Jack Murphy presentó su proyecto de ley SB40, con el cual busca penalizar a empleadores que no utilicen el programa federal E-Verify para detectar a inmigrantes indocumentados en sus empresas.
“Esta ley busca desalentar a los inmigrantes indocumentados de venir a Georgia y tomar el trabajo de los residentes del estado, costarle a nuestro sistema de salud, costarle a nuestro sistema educativo, costarle a los contribuyentes de Georgia”, dijo Murphy en conferencia de prensa.
El sector público y el privado son blanco de su proyecto que pretende impone sanciones a aquellos no utilicen el sistema federal E-Verify en sus empleados.
“La ley habla de imponer multas y de culpar a los directores de las agencias de cometer un delito menor por no asegurarse de que se utilice el programa E-Verify en sus dependencias”, dijo Murphy.
Además, la propuesta estipula que aquellos negocios que no apliquen dicho programa serán acreedores a amonestaciones en primera instancia, a multas de hasta $10,000 de no aplicarlo en una segunda revisión, o la revocación de la licencia comercial de encontrarse que el negocio no cumple tras una tercera inspección.
De acuerdo al Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, el programa E-Verify es un sistema basado en el Internet para ayudar a los empleadores a determinar la elegibilidad de un nuevo empleado para trabajar en los Estados Unidos.
El sistema usa información del Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo. En la mayoría de los casos, el uso de E-Verify por los empleadores es voluntario y se limita sólo a corroborar la elegibilidad del empleo de un nuevo trabajador.
Para Azadeh Shahshahani de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), esta propuesta va en contra de la Constitución y viola los valores centrales de este país.
“Cualquier legislación como ésta dispararía cuestionamientos legales y muy probablemente correría la misma suerte que corrieron las cláusulas clave de la notoria ley SB 1070 en Arizona”, dijo.
Y es que además, el Senador Murphy indicó que su proyecto de ley también contempla que los oficiales de policía tomen las huellas de las personas detenidas por una infracción de tráfico en el lugar que se realiza la detención.
“Esto es algo que ya se está probando en varias partes del país”, dijo el senador.
En mesa redonda con periodistas del Atlanta Journal and Constitution, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, dijo que este tipo de leyes “envenenan” la relación entre los dos países.
Georgia es el séptimo estado en el país en cuanto a presencia de inmigrantes indocumentados, y es sexto en cuanto a indocumentados en la fuerza laboral, de acuerdo a un reporte que el Pew Hispanic Center dio a conocer esta semana.
El documento indica que hay 425,000 inmigrantes indocumentados en el estado—25,000 más que en Arizona, estado que el año pasado ocupó titulares al aprobar la controvertida ley SB1070.
Espero que el senador Jack Murphy, también esté dispuesto a hacer el trabajo que hacen los inmigrantes indocumentados para que los precios de los productos que ellos producen no se encarezcan.